El abogado que ha denunciado ante la justicia al delegado del gobierno José Manuel Franco por prevaricación u otro delito al permitir la manifestación del 8-M y otros eventos multitudinarios a pesar de la información sobre el riesgo sanitario que ya tenía el estado en su poder, fue condenado recientemente por estafa.
El Colegio de Abogados de Madrid ha confirmado que le ha sancionado en dos ocasiones.
En el año 2018 fue condenado a indemnizar con 1.300 euros a una clienta por no haber interpuesto acciones legales en una demanda que le había pagado.
Pero además, el próximo mes de junio tiene que sentarse en el banquillo para responder ante un presunto delito de estafa, falsificación documental y deslealtad por presuntamente quedarse con 3.300 euros de un proceso por una cláusula suelo que, según la versión de la acusación, tampoco puso en marcha.